Trabajo ya ha iniciado los trámites para una nueva subida del SMI, con la intención de aprobarla antes de que termine octubre o, como muy tarde, en noviembre, y por tanto dentro del propio ejercicio 2026.
Si finalmente se aprueba con efectos dentro de 2026, aunque ya tengamos fijado el SMI para este año, nos tocaría estar muy pendientes de las consecuencias prácticas: revisión y regularización de nóminas, posibles atrasos salariales, bases y cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones de IRPF, etc., en función de la fecha de efectos que establezca el nuevo Real Decreto.
De momento es solo un aviso para que no nos pille desprevenidos. Pero, visto el calendario electoral y la intención manifestada por Trabajo, yo tendría el tema bastante vigilado.
Os dejo la noticia de El País:
El Ministerio de Trabajo ha anunciado este miércoles que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidirá mañana jueves la primera reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, convoca al equipo de expertos que cada año recomiendan cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional para no perder poder adquisitivo y equilibrarse con el 60% del salario medio neto. Este es el paso previo que marca la posición de Trabajo en la negociación posterior con sindicatos y patronales. Fuentes del ministerio que dirige Díaz indican que su intención es subir el suelo salarial para el año 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El salario mínimo vigente es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Esa subida supuso un alza de 37 euros mensuales, producto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT. Ese incremento fue rechazado por las patronales CEOE y Cepyme, como prácticamente todas las subidas impulsadas por Díaz desde que es ministra. La única que sí recibió el respaldo de las organizaciones empresariales fue la primera, cuando subió en 2020 de 900 a 950 euros. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo, el SMI ha crecido un 66%, de 736 a 1.221 euros. En el mismo periodo (hasta 2025) los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos.
La subida de este año será, previsiblemente, superior al 3,1% de la última vez. La inflación ha acelerado en los últimos meses, dado el incremento del precio de los combustible por las crisis de Oriente Próximo. El último dato del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a septiembre, marca una subida de precios del 4,9%. Si la comisión asesora cierra una recomendación antes de las elecciones, lo normal es que el último dato de inflación del que dispongan sea el avance del 30 de octubre. Tomando en cuenta el último registro y los 11 meses previos, el IPC promedio es de un 3,3%, que irá a más con el dato del décimo mes.
Si Trabajo decreta la subida del salario mínimo en octubre o noviembre, lo hará mucho antes que en los últimos años. Por norma general, venía haciéndolo en febrero en los últimos ejercicios. Es previsible que esa anticipación respecto al calendario habitual, condicionada por las elecciones, sea muy criticada por la derecha y las patronales.
Los sindicatos llevan meses pidiendo a Trabajo que suba el salario mínimo este mismo año, que no esperase al incremento de 2027, dada la subida de la inflación. Aunque el departamento de Díaz se mostró inicialmente receptivo a la idea, el hecho de que el acelerón de precios haya tomado fuerza en el último tramo del año cerró esa puerta, con el aviso de que tomarían en cuenta el IPC de estos meses para la subida de 2027.
El último acuerdo para subir el salario mínimo incluía una promesa del Gobierno a los sindicatos que va con mucho retraso: evitar por decreto que las empresas puedan absorber la subida del SMI con la eliminación de pluses salariales. Las centrales ya firmaron el anterior incremento condicionándolo a ello, pero el Ejecutivo insistió en que esta vez sí emprenderán este cambio y que lo harán por decreto, sin necesidad de que lo avale el Parlamento. De momento, esa reforma sigue pendiente de desarrollo. Las centrales esperan que, antes de los comicios, Díaz no solo apruebe ese cambio, sino que también traslade al Boletín Oficial del Estado el refuerzo del registro horario. Es más, le dan tanta importancia a estas modificaciones que han prometido que sin ellas no alcanzarán más acuerdos con el Gobierno.
El incremento del SMI se aprueba como un real decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria, así que el Ejecutivo podría aprobarlo en estos días sin necesidad de acudir Diputación Permanente.
Fuente:
Si finalmente se aprueba con efectos dentro de 2026, aunque ya tengamos fijado el SMI para este año, nos tocaría estar muy pendientes de las consecuencias prácticas: revisión y regularización de nóminas, posibles atrasos salariales, bases y cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones de IRPF, etc., en función de la fecha de efectos que establezca el nuevo Real Decreto.
De momento es solo un aviso para que no nos pille desprevenidos. Pero, visto el calendario electoral y la intención manifestada por Trabajo, yo tendría el tema bastante vigilado.
Os dejo la noticia de El País:
El Ministerio de Trabajo ha anunciado este miércoles que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidirá mañana jueves la primera reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, convoca al equipo de expertos que cada año recomiendan cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional para no perder poder adquisitivo y equilibrarse con el 60% del salario medio neto. Este es el paso previo que marca la posición de Trabajo en la negociación posterior con sindicatos y patronales. Fuentes del ministerio que dirige Díaz indican que su intención es subir el suelo salarial para el año 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El salario mínimo vigente es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Esa subida supuso un alza de 37 euros mensuales, producto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT. Ese incremento fue rechazado por las patronales CEOE y Cepyme, como prácticamente todas las subidas impulsadas por Díaz desde que es ministra. La única que sí recibió el respaldo de las organizaciones empresariales fue la primera, cuando subió en 2020 de 900 a 950 euros. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo, el SMI ha crecido un 66%, de 736 a 1.221 euros. En el mismo periodo (hasta 2025) los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos.
La subida de este año será, previsiblemente, superior al 3,1% de la última vez. La inflación ha acelerado en los últimos meses, dado el incremento del precio de los combustible por las crisis de Oriente Próximo. El último dato del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a septiembre, marca una subida de precios del 4,9%. Si la comisión asesora cierra una recomendación antes de las elecciones, lo normal es que el último dato de inflación del que dispongan sea el avance del 30 de octubre. Tomando en cuenta el último registro y los 11 meses previos, el IPC promedio es de un 3,3%, que irá a más con el dato del décimo mes.
Si Trabajo decreta la subida del salario mínimo en octubre o noviembre, lo hará mucho antes que en los últimos años. Por norma general, venía haciéndolo en febrero en los últimos ejercicios. Es previsible que esa anticipación respecto al calendario habitual, condicionada por las elecciones, sea muy criticada por la derecha y las patronales.
Los sindicatos llevan meses pidiendo a Trabajo que suba el salario mínimo este mismo año, que no esperase al incremento de 2027, dada la subida de la inflación. Aunque el departamento de Díaz se mostró inicialmente receptivo a la idea, el hecho de que el acelerón de precios haya tomado fuerza en el último tramo del año cerró esa puerta, con el aviso de que tomarían en cuenta el IPC de estos meses para la subida de 2027.
El último acuerdo para subir el salario mínimo incluía una promesa del Gobierno a los sindicatos que va con mucho retraso: evitar por decreto que las empresas puedan absorber la subida del SMI con la eliminación de pluses salariales. Las centrales ya firmaron el anterior incremento condicionándolo a ello, pero el Ejecutivo insistió en que esta vez sí emprenderán este cambio y que lo harán por decreto, sin necesidad de que lo avale el Parlamento. De momento, esa reforma sigue pendiente de desarrollo. Las centrales esperan que, antes de los comicios, Díaz no solo apruebe ese cambio, sino que también traslade al Boletín Oficial del Estado el refuerzo del registro horario. Es más, le dan tanta importancia a estas modificaciones que han prometido que sin ellas no alcanzarán más acuerdos con el Gobierno.
El incremento del SMI se aprueba como un real decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria, así que el Ejecutivo podría aprobarlo en estos días sin necesidad de acudir Diputación Permanente.
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