Comprobación ERTES autoridad laboral
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Si esto es cierto y las cosas se endurecen mucho, va a arder Troya.
Díaz se enroca en prohibir los despidos hasta diciembre y subleva a la patronal.
El Gobierno quiere imponer la prohibición tácita de los despidos hasta el 31 de diciembre. Así se lo ha trasladado a los agentes sociales negro sobre blanco en un documento que el Ejecutivo guarda con la más absoluta discreción, pero que fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que introduce planteamientos imposibles de aceptar para los empresarios. Entre otros, la extensión de la prohibición de extinguir contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la crisis del coronavirus más allá de lo que dure el estado de alarma, en concreto hasta que finalice el año.
En el marco de las negociaciones para prolongar la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivada del Covid-19 y sus condiciones favorables, tanto para las empresas como para los trabajadores, una vez finalice el estado de alarma, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, el Gobierno ha trasladado a la patronal y los sindicatos algunas condiciones que, según ha podido saber La Información, no han sido bien recibidas por los empresarios. Es más, con el planteamiento actual, las fuentes consultadas aseguran que la CEOE "no va a firmar ningún acuerdo".
Antes de nada, hay que matizar que Gobierno y agentes sociales llevan ya semanas hablando sobre posibles soluciones para los ERTE por fuerza mayor vinculados al estado de alarma una vez finalice éste, tras constatar que la recuperación va a ser lenta en muchos sectores. Pero ahora las negociaciones se cruzan con un panorama político que ha dejado pendiendo de un hilo el estado de alarma. Pedro Sánchez ha perdido apoyos clave y ha constatado que cada vez va a ser más complejo alargar este marco jurídico que ampara, entre otros muchos asuntos, los ERTE por fuerza mayor que afectan a más de tres millones de trabajadores.
Para empezar, y siempre de acuerdo con lo que trasladan quienes han tenido acceso al documento que está ahora mismo sobre la mesa del diálogo social, el Ejecutivo no está dispuesto a prorrogar estos expedientes más allá del mes de junio, una fecha "precipitada" para los empresarios, que insisten en que muchas empresas tardarán meses en recuperarse, sobre todo las de los sectores más afectados por la hibernación de la economía, como el turismo en todas sus vertientes (hostelería, restauración, comercio...). La patronal sostiene que para evitar quiebras resulta necesario que la Seguridad Social siga subvencionando los ERTE hasta finales de año.
Cláusula de 'salvaguarda del empleo'.
Según las mismas fuentes, el Gobierno también se niega a admitir la demanda de la CEOE de eliminar la cláusula de 'salvaguarda del empleo', que obliga a las compañías que hagan ajustes temporales a mantener la plantilla durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE, lo que les situaría en diciembre con ese planteamiento del Ejecutivo de mantener los ERTE hasta junio. En este sentido, lo más preocupante para los empresarios tiene que ver con la prohibición de despedir (o, más bien, la consideración de todos los despidos como injustificados y, por tanto, indemnizables) hasta que finalice el año. "Quieren prohibir cualquier despido hasta el 31 de diciembre", revela una fuente tras analizar el mencionado documento.
Hay que recordar que el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, introdujo que "la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada" previstas para los ERTE por fuerza mayor "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido" durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Ahora, ante la posibilidad de que el estado de alarma no pueda prorrogarse por falta de apoyo político o se levante antes de que las empresas puedan retomar su actividad al 100%, el Gobierno plantea acompañar la extensión de los ERTE por fuerza mayor de esta prohibición tácita de los despidos en todo 2020.
Infracciones y sanciones.
Los empresarios aseguran que estos planteamientos son, directamente, "una locura" y se quejan de que con este marco se arriesgan a incurrir en infracciones muy graves por incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento del empleo, y se exponen a sanciones económicas muy altas. En concreto, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificada en el marco del estado de alarma, estas infracciones llevan aparejadas multas que van de 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros en su grado máximo. Además, implican la devolución de las prestaciones cobradas por los trabajadores y de las cotizaciones sociales exoneradas durante el tiempo que durase el ERTE.
Ante estas imposiciones, desde el flanco empresarial del diálogo social indican que el acuerdo para prorrogar los ERTE en condiciones favorables tras la finalización del estado de alarma "nunca ha estado más lejos". Es más, según ha podido saber La Información, la reunión que estaba prevista para este lunes se suspendió en el último momento ante el rechazo de la patronal a aceptar estos términos, de manera que el Gobierno no pudo llevar esta medida de ámbito laboral al Consejo de Ministros del martes. "El Gobierno está alejado de la realidad y con estos planteamientos no vamos a firmar nada. Ese documento no contará con el apoyo empresarial", sentencian desde la CEOE.
El Gobierno actuará si no hay acuerdo.
Así están las cosas. Los empresarios están en pie de guerra y se niegan a firmar la propuesta del Ejecutivo, primero porque consideran insuficiente la prolongación de los ERTE por fuerza mayor en las condiciones actuales (incluida la exoneración de las cotizaciones sociales) solo hasta el mes de junio. Y después, porque creen que las estrictas imposiciones respecto al mantenimiento de las plantillas no harán más que asfixiar a las empresas y muchas se verán abocadas a la quiebra. En principio, los agentes sociales se han dado otra semana para negociar, pero el Gobierno no descarta tomar decisiones por su cuenta si no se alcanza un acuerdo antes de que se tenga que levantar el estado de alarma, según confirmó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
La principal cuestión que preocupa al Gobierno es la millonaria factura que suponen estos expedientes para la Seguridad Social, que está asumiendo el 100% de las cotizaciones en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores que se han acogido a ERTE por fuerza mayor y el 75% en el de las más grandes. Ayer mismo el Ministerio de Trabajo informó de que la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha disparado hasta los 5,2 millones de personas, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas en la historia del Sepe. En consecuencia, la nómina mensual ha escalado a los 4.512 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.976 millones respecto a abril de 2019. El incremento es del 207,15% y, de mantenerse en el tiempo, pondría en serio riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diaz-guerra-patronal-prohibir-despidos-hasta-finales-ano/6564426/
Díaz se enroca en prohibir los despidos hasta diciembre y subleva a la patronal.
El Gobierno quiere imponer la prohibición tácita de los despidos hasta el 31 de diciembre. Así se lo ha trasladado a los agentes sociales negro sobre blanco en un documento que el Ejecutivo guarda con la más absoluta discreción, pero que fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que introduce planteamientos imposibles de aceptar para los empresarios. Entre otros, la extensión de la prohibición de extinguir contratos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción provocadas por la crisis del coronavirus más allá de lo que dure el estado de alarma, en concreto hasta que finalice el año.
En el marco de las negociaciones para prolongar la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivada del Covid-19 y sus condiciones favorables, tanto para las empresas como para los trabajadores, una vez finalice el estado de alarma, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, el Gobierno ha trasladado a la patronal y los sindicatos algunas condiciones que, según ha podido saber La Información, no han sido bien recibidas por los empresarios. Es más, con el planteamiento actual, las fuentes consultadas aseguran que la CEOE "no va a firmar ningún acuerdo".
Antes de nada, hay que matizar que Gobierno y agentes sociales llevan ya semanas hablando sobre posibles soluciones para los ERTE por fuerza mayor vinculados al estado de alarma una vez finalice éste, tras constatar que la recuperación va a ser lenta en muchos sectores. Pero ahora las negociaciones se cruzan con un panorama político que ha dejado pendiendo de un hilo el estado de alarma. Pedro Sánchez ha perdido apoyos clave y ha constatado que cada vez va a ser más complejo alargar este marco jurídico que ampara, entre otros muchos asuntos, los ERTE por fuerza mayor que afectan a más de tres millones de trabajadores.
Para empezar, y siempre de acuerdo con lo que trasladan quienes han tenido acceso al documento que está ahora mismo sobre la mesa del diálogo social, el Ejecutivo no está dispuesto a prorrogar estos expedientes más allá del mes de junio, una fecha "precipitada" para los empresarios, que insisten en que muchas empresas tardarán meses en recuperarse, sobre todo las de los sectores más afectados por la hibernación de la economía, como el turismo en todas sus vertientes (hostelería, restauración, comercio...). La patronal sostiene que para evitar quiebras resulta necesario que la Seguridad Social siga subvencionando los ERTE hasta finales de año.
Cláusula de 'salvaguarda del empleo'.
Según las mismas fuentes, el Gobierno también se niega a admitir la demanda de la CEOE de eliminar la cláusula de 'salvaguarda del empleo', que obliga a las compañías que hagan ajustes temporales a mantener la plantilla durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE, lo que les situaría en diciembre con ese planteamiento del Ejecutivo de mantener los ERTE hasta junio. En este sentido, lo más preocupante para los empresarios tiene que ver con la prohibición de despedir (o, más bien, la consideración de todos los despidos como injustificados y, por tanto, indemnizables) hasta que finalice el año. "Quieren prohibir cualquier despido hasta el 31 de diciembre", revela una fuente tras analizar el mencionado documento.
Hay que recordar que el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, introdujo que "la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada" previstas para los ERTE por fuerza mayor "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido" durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Ahora, ante la posibilidad de que el estado de alarma no pueda prorrogarse por falta de apoyo político o se levante antes de que las empresas puedan retomar su actividad al 100%, el Gobierno plantea acompañar la extensión de los ERTE por fuerza mayor de esta prohibición tácita de los despidos en todo 2020.
- Excepciones. El Gobierno abre la mano a algunos despidos.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo establece que el compromiso de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ERTE no se entenderá incumplido cuando un contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, ni en el caso de una dimisión de un trabajador ni, por supuesto, si un empleado decide jubilarse o incurre en una situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Y del mismo modo, en el caso de los contratos temporales, "el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación".
Infracciones y sanciones.
Los empresarios aseguran que estos planteamientos son, directamente, "una locura" y se quejan de que con este marco se arriesgan a incurrir en infracciones muy graves por incumplimientos de las obligaciones de mantenimiento del empleo, y se exponen a sanciones económicas muy altas. En concreto, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificada en el marco del estado de alarma, estas infracciones llevan aparejadas multas que van de 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros en su grado máximo. Además, implican la devolución de las prestaciones cobradas por los trabajadores y de las cotizaciones sociales exoneradas durante el tiempo que durase el ERTE.
Ante estas imposiciones, desde el flanco empresarial del diálogo social indican que el acuerdo para prorrogar los ERTE en condiciones favorables tras la finalización del estado de alarma "nunca ha estado más lejos". Es más, según ha podido saber La Información, la reunión que estaba prevista para este lunes se suspendió en el último momento ante el rechazo de la patronal a aceptar estos términos, de manera que el Gobierno no pudo llevar esta medida de ámbito laboral al Consejo de Ministros del martes. "El Gobierno está alejado de la realidad y con estos planteamientos no vamos a firmar nada. Ese documento no contará con el apoyo empresarial", sentencian desde la CEOE.
El Gobierno actuará si no hay acuerdo.
Así están las cosas. Los empresarios están en pie de guerra y se niegan a firmar la propuesta del Ejecutivo, primero porque consideran insuficiente la prolongación de los ERTE por fuerza mayor en las condiciones actuales (incluida la exoneración de las cotizaciones sociales) solo hasta el mes de junio. Y después, porque creen que las estrictas imposiciones respecto al mantenimiento de las plantillas no harán más que asfixiar a las empresas y muchas se verán abocadas a la quiebra. En principio, los agentes sociales se han dado otra semana para negociar, pero el Gobierno no descarta tomar decisiones por su cuenta si no se alcanza un acuerdo antes de que se tenga que levantar el estado de alarma, según confirmó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
La principal cuestión que preocupa al Gobierno es la millonaria factura que suponen estos expedientes para la Seguridad Social, que está asumiendo el 100% de las cotizaciones en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores que se han acogido a ERTE por fuerza mayor y el 75% en el de las más grandes. Ayer mismo el Ministerio de Trabajo informó de que la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha disparado hasta los 5,2 millones de personas, lo que supone un récord histórico de prestaciones abonadas en la historia del Sepe. En consecuencia, la nómina mensual ha escalado a los 4.512 millones de euros, lo que representa un aumento de 3.976 millones respecto a abril de 2019. El incremento es del 207,15% y, de mantenerse en el tiempo, pondría en serio riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/diaz-guerra-patronal-prohibir-despidos-hasta-finales-ano/6564426/
Cachilipox
Miembro conocido
A ver, si alguien ha cometido fraude legal, de forma clara y meridiana, EN ESTOS MOMENTOS, por muy "empresario" en riesgo de quiebra que sea, o por muy "podemita" que pueda ser la persona responsable de la IT, merece la más dura sanción posible.
No está el horno para bollos (o partes más sensibles de la anatomía genital......) como para que aprovechados se beneficien indebidamente de lo que no les corresponde. Además, eso sería una abierta competencia desleal, a cuenta del presupuesto público, frente a la inmensa mayoría de empresas que sí han obrado bien y que sí necesitan estas ayudas.
Una empresa puede necesitar un servicio de nevera/congelador para su fuerza laboral, a un coste bajo o incluso nulo. GENIAL. Te libras al instante de uno de los costes recurrentes más elevados, la masa salarial, y de propina la mayor parte o incluso todo el coste patronal de la seguridad social. Y todo eso sin despedir ni deshacer las plantillas. Construir una plantilla ni es fácil, ni barato, ni inmediato. Si ya la tienes hecha, es sumamente frivolo plantear romperla.
Pero claro, ese servicio público de nevera/congelador tiene unos costes, en este caso no dinerarios directos, sino de asumir determinados compromisos.
Quien no vea posible, no quiera o no le parezca bien esos compromisos, no está (ni estaba) obligado a acogerse a estas medidas.
Estos ERTEs COVID han sido solo una de las variadas posibilidades.
Lo que no vale es "soy empresa privada cuando me va bien", pero cuando las cosas se ponen negras reclamar "que el gobierno haga algo y asuma los costes, pero que no me imponga obligaciones".
(Sobre la vigencia y duración de este gobierno, reestructuraciones al margen, creo que tiene recorrido y duración. No veo a nadie de la oposición con arrestos, ambición y credibilidad de ponerse al frente de la gestión del desastre. Rescate europeo, déficit de la SS del orden de unos 40.000 M, un paro "real" -desempleados y/o suspendidos- de aproximadamente un 30 %,.... No veo a los López Bravo - López Rodó del siglo XXI...)
No está el horno para bollos (o partes más sensibles de la anatomía genital......) como para que aprovechados se beneficien indebidamente de lo que no les corresponde. Además, eso sería una abierta competencia desleal, a cuenta del presupuesto público, frente a la inmensa mayoría de empresas que sí han obrado bien y que sí necesitan estas ayudas.
Una empresa puede necesitar un servicio de nevera/congelador para su fuerza laboral, a un coste bajo o incluso nulo. GENIAL. Te libras al instante de uno de los costes recurrentes más elevados, la masa salarial, y de propina la mayor parte o incluso todo el coste patronal de la seguridad social. Y todo eso sin despedir ni deshacer las plantillas. Construir una plantilla ni es fácil, ni barato, ni inmediato. Si ya la tienes hecha, es sumamente frivolo plantear romperla.
Pero claro, ese servicio público de nevera/congelador tiene unos costes, en este caso no dinerarios directos, sino de asumir determinados compromisos.
Quien no vea posible, no quiera o no le parezca bien esos compromisos, no está (ni estaba) obligado a acogerse a estas medidas.
Estos ERTEs COVID han sido solo una de las variadas posibilidades.
Lo que no vale es "soy empresa privada cuando me va bien", pero cuando las cosas se ponen negras reclamar "que el gobierno haga algo y asuma los costes, pero que no me imponga obligaciones".
(Sobre la vigencia y duración de este gobierno, reestructuraciones al margen, creo que tiene recorrido y duración. No veo a nadie de la oposición con arrestos, ambición y credibilidad de ponerse al frente de la gestión del desastre. Rescate europeo, déficit de la SS del orden de unos 40.000 M, un paro "real" -desempleados y/o suspendidos- de aproximadamente un 30 %,.... No veo a los López Bravo - López Rodó del siglo XXI...)
fundación
Miembro conocido
Creo que nadie mínimamente cabal puede estar en contra de que se busque la legalidad, que nadie se aproveche ni defraude, pues esto lo pagamos todos. El problema es la parte del gobierno que opina que el empresario es el enemigo sí, y los sindicatos son aliados. Poco equilibrio hay aquí y, por supuesto su programa político -título: Las razones siguen intactas- está vigente.
Por supuesto que sí. Pero, a ver, si un ERTE se ha concedido expresamente (sin silencio administrativo) y no hay fraude, ¿qué van a mirar?; ¿un error de forma? ¿van a valorar nuevamente la fuerza mayor? Porque si lo hacen así: ahora te lo doy, ahora te lo quito y te pego la hostia, mal vamos.
Otra cosa, no sé, es que haya presentado un informa falso, por decir algo.
Otra cosa, no sé, es que haya presentado un informa falso, por decir algo.
En una conferencia que oí hace unas semanas, comentaban que los que sí eran candidatos eran los que se habían concedido por siencio administrativo. Que los que tenían resolución y venían directamente de las actividades que se cerraron al comienzo del estado de alarma, hostelería, peluquería, gimnasio, etc, a no ser que se apreciarse intento de fraude, por ejemplo bases reguladoras altas (no por dos o tres euros), contratación en periodo de estado de alarma y solicitar erte...., que no los pasarían a Inspección. Pero fue hace unas semanas.FERNANDO dijo:
Yo creo que lo que sí que van a revisar seguro son los aprobados por silencio administrativo, que en mi caso son un 95% de todos los que he presentado. Los que pertenecen a actividades obligadas a cerrar no me preocupan, por mucha revisión que llegue, pero otras actividades sí que sé que las voy a pasar canutas si Inspección me los revisa
El problema es considerar a los empresarios como si fueran los alter ego de los pasajeros de primera clase del Titanic: vestidos de etiqueta, millonarios, altivos.... Y no es así: el 90% de nuestro tejido empresarial está formado por pequeños empresarios que tienen tres trabajadores y que son los que se juegan su patrimonio (que no es para tirar cohetes).
Y no olvidemos otra cosa: que si nos comienzan a tirar ERTES a los que cortarán el cuello será a nosotros, los que los tramitamos. Que no somos precisamente abogados que cobran 500 euros la hora.
Por eso, no me gusta esta criminalización que está teniendo lugar por parte de según qué políticos que jamás han pagado una nómina y que tienen una visión de la realidad totalmente distorsionada.
Y no olvidemos otra cosa: que si nos comienzan a tirar ERTES a los que cortarán el cuello será a nosotros, los que los tramitamos. Que no somos precisamente abogados que cobran 500 euros la hora.
Por eso, no me gusta esta criminalización que está teniendo lugar por parte de según qué políticos que jamás han pagado una nómina y que tienen una visión de la realidad totalmente distorsionada.
A mí el tema sí me preocupa, como bien dice Fernando a los que van a culpar son a nosotros, por tramitarlo.
Están dando mucho dinero, de alguna parte tendrán que recaudar, y yo creo que cuando todo esto pase, las inspecciones de trabajo van a ser muchas y a lo mínimo veo que van a sancionar, ya sea por ERTES o por cualquier otra cosa, es una opinión personal que no he visto ni leído nada al respecto. Pero creo que esto traerá cola.
Están dando mucho dinero, de alguna parte tendrán que recaudar, y yo creo que cuando todo esto pase, las inspecciones de trabajo van a ser muchas y a lo mínimo veo que van a sancionar, ya sea por ERTES o por cualquier otra cosa, es una opinión personal que no he visto ni leído nada al respecto. Pero creo que esto traerá cola.
Pues hay otro tema: como empiecen a machacar a las pymes con sanciones, verán cómo cerrarán, y el paro se disparará aún más porque, me reitero, los que ofrecen empleo son las panificadoras Pérez con siete empleados, y no la General Motors con 30.000..... Ellos mismos....