Bueno señoras y señores, el tema se va zanjando a nivel laboral. Ha sido, y sigue siendo, un auténtico culebrón que ha despertado interés a nivel nacional: 2 hermanos y los 3 hijos varones enfrentados a la madre, accionista mayoritaria, apoyada por su única hija y valedora del director general despedido.
Los hechos siguientes a la sentencia inicial han sido
grosso modo:
- Segunda quincena de julio: El TSJCYL rechazó en su día el recurso de la empresa contra la sentencia de instancia, ratificándola.
- Días después: ~10 millones de euros entre indemnización, salarios de tramitación e intereses no son
moco de pavo, y la empresa decide readmitir al despedido.
- Obviamente el siguiente movimiento del despedido es recelar y no aceptar. El juez de la sentencia inicial, ante la falta de acuerdo, resuelve en septiembre que la empresa debe pagar, en un plazo de 10 días.
- El 1 de septiembre se celebró junta de la empresa, la famosa
junta del taxi: madre, hija, el despedido y la notaria.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/01/castillayleon/1283334033.html En esta junta, se decide el cese de hermanos e hijos como consejeros y la modificación del órgano de administración pasando de gobierno por un consejo a un administrador único, adoptados con los votos a favor del 80,25% del capital social (madre, hija y despedido).
- Esta semana los acuerdos de la junta han sido inscritos en el registro y la jefa acaba de retomar el mando, cesando a hijos y hermanos, digo al consejo de dirección.
Mientras tanto, en el primer trimestre del año y para abrir otro frente de guerra contra el anterior director gral. la empresa controlada por los hijos y hermanos presenta querella criminal contra el despedido por supuestos delitos: continuado de estafa, estafa en bienes inmuebles, falsedad en contrato mercantil y delitos fiscales. La querella es ampliada en julio, tras la derrota en el ámbito social.
¿Fin del culebrón, sigue la guerra?...
Pues también hay una demanda de nulidad de la
junta del taxi, presentada ante el Juzgado de lo Mercantil y admitida a trámite el 4 de octubre.
Y el despedido también reclama participaciones en beneficios....
La indemnización de 9 millones de euros (8,2 millones, más otros 708.000 euros de salarios de tramitación) que el Juzgado de lo Social ha fijado para el ex director general de Galletas Gullón de Aguilar de Campoo, Juan Miguel Martínez Gabaldón, por su despido improcedente de acuerdo con el contrato blindado que tenía firmado con la compañía no supone el final de este largo conflicto, que arrancó a finales de 2009 con la destitución del directivo y que tantos episodios ácidos ha generado en los últimos meses. La elevada cuantía de la indemnización para Gabaldón, a la que Gullón tendrá que sumar 1,3 millones de euros más por los intereses de las costas y los procesos judiciales, puede representar en términos económicos en torno al 80% de los beneficios de la empresa después de impuestos generados el pasado año. La cifra está tomada como simple referencia, teniendo en cuenta los beneficios de 10,05 millones de euros que registró la galletera en el año 2008. La compañía aún no ha podido cerrar el balance correspondiente al ejercidio de 2009, debido a que la junta general ordinaria prevista para el pasado mes de junio ha tenido que posponerse al próximo 30 de octubre, al no haber podido determinar en la fecha inicial las obligaciones pendientes de la sociedad y su reflejo en la cuenta de resultados del pasado año. En este capítulo de obligaciones pendientes, Gullón no solo ha tenido que hacer una provisión de fondos para la sustanciosa indemnización sentenciada para su anterior director general. A esta cantidad, se une también la posibilidad de que se apruebe la demanda interpuesta por Gabaldón en la Oficina de Trabajo, en la que reclama unas retribuciones de salario variable devengadas en los últimos 4 años en función de su contrato blindado y que, según el reclamante, ascenderían a 7 millones de euros. Además, tampoco está resuelta la compraventa de los terrenos en los que se ubica la planta de Gullón II, que fueron adquiridos por Martínez Gabaldón, al que pertenece en torno al 52% de la superficie de la fábrica galletera. El ex directivo reclama otros 4 millones de euros, mientras el consejo de administración, que ha corrido con todos los gastos de recalificación y de urbanización, sostiene que su valor real sería de 350.000 euros, según el mercado de la zona de Aguilar. Los intentos entre el consejo de administración y el destituido director general de conseguir un acuerdo en la venta de esta superficie han resultado tan infructuosos como con el resto de las diferencias económicas que han intentando zanjar sin éxito. Como muestra, baste recordar el último desencuentro ocurrido el pasado 30 de agosto, en que a pesar de que había una cita formal de Gabaldón para ultimar la compra en una notaría, éste se retrasó más de dos horas a la cita, argumentando motivos familiares. Cuando Gabaldón se presentó al despacho notarial, los representantes de Gullón que le esperaban para materializar la operación abandonaron la sala, asegurando que el ex directivo solo trataba de confundir. Habrá consecuencias Con todas estas cantidades millonarias en el aire, el conflicto entre Gullón y el ex director puede representar en cifras unos 16 millones de euros que reclama el ejecutivo, cantidad que podría resultar superior a los beneficios de esta anualidad de 2010, en que Gullón aumentará sensiblemente la producción, a tenor de la evolución de los últimos meses. Teniendo en cuenta que Gullón ha renunciado a repartir beneficios para que ese dinero revierta en la empresa, solo los 9 millones de indemnización por despido al ex director que se pagarán en los próximos días ya suponen un desembolso importante. En palabras del consejo de administración, «un agujero», cuyas consecuencias resultarán más claras en el transcurso de los próximos dos o tres meses y que también van a repercutir en la comarca, «que se verá privada de que se reinvierta esta cantidad». Las mismas fuentes del consejo sostienen que aunque Gullón cuenta con una solvencia acreditada para proveedores, clientes y aseguradoras, «¿con nueve millones de euros menos, nos seguirán considerando igual?», se preguntan. Por ello, desde el consejo se mantiene la tesis de que en la resolución de este largo e inacabado conflicto solo cabe una salida negociada, al tratarse de una empresa familiar que da trabajo a toda una comarca. Desde Gullón se mantiene la preocupación y los deseos de conseguir un acuerdo global con el ex directivo. Este, a su vez, insiste en que la responsabilidad de lo que está ocurriendo es de los hijos varones y hermanos de la anterior presidenta y máxima accionista, María Teresa Rodríguez. El ex director acusa también al consejo de seguir una trayectoria «de actuaciones ilícitas, usurpando el control de la compañía», piensa un Gabaldón crecido por las sentencias que le avalan.
