Me uno para intentar ayudar (aunque poco porque está más que claro con las aportaciones del resto de compis):
- La actuación empresarial (persona autorizada RED mediante) es totalmente correcta. No modificar nada porque todo está correctamente mecanizado y para evitar cualquier consecuencia o sanción al empleador por el “apaño”.
Es la persona trabajadora-solicitante la que debe impugnar la resolución denegatoria expresa (detalle: que la solicite y que se le deniegue por escrito, no quedarse únicamente con el juicio de palabra de la persona funcionaria, y esta no puede ni “inadmitir” ni “prohibir” la presentación, en ese caso acudir sin dudarlo a la Sede Electronica / Registro General)
- El despido, sin distinguir el motivo (art. 267.1.a).3º) es situación legal de desempleo. Taxativamente. Solo en algunos casos el SEPE se encuentra legalmente habilitado para requerir documentación adicional relativo al mismo, la norma así los separa expresamente (apdo. 3 del precitado artículo) y entre ninguno de ellos se encuentra el disciplinario.
- Además, desde el año ¡2002! (RDL 5/2002 y L45/2002, reforma la letra c) -la antes mencionada- del art.208 del texto refundido del 1994, equivalente al actual 267 del 2015) esta derogada la norma (desde entonces todas las reformas y refundaciones de la LGSS lo han mantenido: por tanto la voluntad del legislador, hasta ahora, parece clara) que exigía la sentencia declarando la procedencia para la percepción contributiva de desempleo por despido.
- Opino que el criterio administrativo que están imponiendo lo hacen con la aquiescencia de que judicialmente no se va a sostener ni en primera instancia pero es notorio que el porcentaje de impugnaciones será ínfimo.
- Hay sentencias (cierto es que afectan a la parte de relaciones entre empresa-persona trabajadora) que indican que las bajas voluntarias no pueden suponerse, deben ser expresadas con firmeza y rotundidad.
- La actuación empresarial (persona autorizada RED mediante) es totalmente correcta. No modificar nada porque todo está correctamente mecanizado y para evitar cualquier consecuencia o sanción al empleador por el “apaño”.
Es la persona trabajadora-solicitante la que debe impugnar la resolución denegatoria expresa (detalle: que la solicite y que se le deniegue por escrito, no quedarse únicamente con el juicio de palabra de la persona funcionaria, y esta no puede ni “inadmitir” ni “prohibir” la presentación, en ese caso acudir sin dudarlo a la Sede Electronica / Registro General)
- El despido, sin distinguir el motivo (art. 267.1.a).3º) es situación legal de desempleo. Taxativamente. Solo en algunos casos el SEPE se encuentra legalmente habilitado para requerir documentación adicional relativo al mismo, la norma así los separa expresamente (apdo. 3 del precitado artículo) y entre ninguno de ellos se encuentra el disciplinario.
- Además, desde el año ¡2002! (RDL 5/2002 y L45/2002, reforma la letra c) -la antes mencionada- del art.208 del texto refundido del 1994, equivalente al actual 267 del 2015) esta derogada la norma (desde entonces todas las reformas y refundaciones de la LGSS lo han mantenido: por tanto la voluntad del legislador, hasta ahora, parece clara) que exigía la sentencia declarando la procedencia para la percepción contributiva de desempleo por despido.
- Opino que el criterio administrativo que están imponiendo lo hacen con la aquiescencia de que judicialmente no se va a sostener ni en primera instancia pero es notorio que el porcentaje de impugnaciones será ínfimo.
- Hay sentencias (cierto es que afectan a la parte de relaciones entre empresa-persona trabajadora) que indican que las bajas voluntarias no pueden suponerse, deben ser expresadas con firmeza y rotundidad.

