EstefaníaMJ
Miembro conocido
Buenas. Os planteo un caso para conocer diferentes opiniones profesionales sobre la viabilidad de una eventual demanda de reclamación de cantidad y aplicación de convenio.
Trabajadora con antigüedad desde noviembre de 2017, categoría de Oficial Administrativo, contratada por una asesoría ubicada en Málaga. La trabajadora continúa vinculada a la empresa y actualmente se encuentra en situación de IT por contingencias comunes desde el 30 de julio de 2025.
La empresa tiene un convenio colectivo propio, publicado en el BOP de Málaga en febrero de 2022, con vigencia inicial de 2022 a 2024 y determinadas previsiones sobre su prórroga. El convenio contiene una cláusula de prioridad aplicativa que remite al artículo 84.2 ET.
Por otra parte, por la actividad de la empresa y por la categoría de la trabajadora resulta aplicable, según la posición que mantiene la trabajadora, el Convenio de Oficinas y Despachos de Málaga, actualmente vigente hasta 31 de diciembre de 2026.
La cuestión problemática es la siguiente:
En las nóminas ordinarias la empresa viene utilizando la estructura salarial y las tablas del Convenio de Oficinas y Despachos. Sin embargo, cuando la trabajadora entra en situación de IT, la empresa aplica para el complemento de incapacidad temporal el régimen previsto en su convenio propio.
La diferencia económica se produce fundamentalmente porque ambos convenios regulan de manera diferente el complemento de IT por enfermedad común. El convenio sectorial establece un 85 % entre los días 4 y 20 y un 100 % desde el día 21 hasta el máximo previsto legalmente, mientras que el convenio de empresa establece un régimen menos favorable a partir de determinados periodos de la IT.
La empresa sostiene que debe aplicarse su convenio propio durante todo el proceso de IT y que no es posible «alternar» convenios según resulte más favorable en cada momento.
La trabajadora, sin embargo, sostiene que no está intentando escoger el convenio más favorable en cada periodo, sino que considera que el Convenio de Oficinas y Despachos es el que corresponde aplicar a su relación laboral y que, por tanto, debe aplicarse también al complemento de IT.
Hay además algunos elementos que pueden resultar relevantes:
La empresa rechazó previamente la reclamación y mantuvo expresamente su criterio de aplicar su convenio propio al proceso de IT.
Se presentó papeleta de conciliación reclamando las diferencias. El acto de conciliación se ha celebrado recientemente y ha terminado sin avenencia, ya que la empresa no ha realizado ninguna oferta.
La duda es si veis jurídicamente defendible plantear una demanda solicitando:
También agradecería opiniones sobre si la pretensión debería plantearse como una mera reclamación de cantidad, como una cuestión de determinación del convenio aplicable con reclamación económica acumulada, o mediante otro planteamiento procesal.
He localizado, entre otras, la STS 1281/2025, de 18 de diciembre, y la STS 392/2026, de 16 de abril, que parecen relevantes respecto de la concurrencia entre convenio sectorial y convenio de empresa y la DT 6.ª del RDL 32/2021.
¿Cómo enfocaríais vosotros la demanda y qué puntos consideraríais más problemáticos o con mayor riesgo?
No busco una respuesta sobre si la trabajadora «tiene razón» en abstracto, sino opiniones técnicas sobre viabilidad, riesgos procesales, prescripción, alcance de la pretensión y forma de plantear la concurrencia de convenios.
Gracias de antemano.
Trabajadora con antigüedad desde noviembre de 2017, categoría de Oficial Administrativo, contratada por una asesoría ubicada en Málaga. La trabajadora continúa vinculada a la empresa y actualmente se encuentra en situación de IT por contingencias comunes desde el 30 de julio de 2025.
La empresa tiene un convenio colectivo propio, publicado en el BOP de Málaga en febrero de 2022, con vigencia inicial de 2022 a 2024 y determinadas previsiones sobre su prórroga. El convenio contiene una cláusula de prioridad aplicativa que remite al artículo 84.2 ET.
Por otra parte, por la actividad de la empresa y por la categoría de la trabajadora resulta aplicable, según la posición que mantiene la trabajadora, el Convenio de Oficinas y Despachos de Málaga, actualmente vigente hasta 31 de diciembre de 2026.
La cuestión problemática es la siguiente:
En las nóminas ordinarias la empresa viene utilizando la estructura salarial y las tablas del Convenio de Oficinas y Despachos. Sin embargo, cuando la trabajadora entra en situación de IT, la empresa aplica para el complemento de incapacidad temporal el régimen previsto en su convenio propio.
La diferencia económica se produce fundamentalmente porque ambos convenios regulan de manera diferente el complemento de IT por enfermedad común. El convenio sectorial establece un 85 % entre los días 4 y 20 y un 100 % desde el día 21 hasta el máximo previsto legalmente, mientras que el convenio de empresa establece un régimen menos favorable a partir de determinados periodos de la IT.
La empresa sostiene que debe aplicarse su convenio propio durante todo el proceso de IT y que no es posible «alternar» convenios según resulte más favorable en cada momento.
La trabajadora, sin embargo, sostiene que no está intentando escoger el convenio más favorable en cada periodo, sino que considera que el Convenio de Oficinas y Despachos es el que corresponde aplicar a su relación laboral y que, por tanto, debe aplicarse también al complemento de IT.
Hay además algunos elementos que pueden resultar relevantes:
- La actividad de la empresa está incluida dentro del ámbito funcional del Convenio de Oficinas y Despachos.
- La trabajadora está encuadrada como Oficial Administrativo.
- Las nóminas ordinarias utilizan la estructura salarial del convenio sectorial.
- La jornada anual de la asesoría se calcula desde hace años utilizando las horas anuales previstas en el Convenio de Oficinas y Despachos. La propia trabajadora ha sido durante años la persona encargada de elaborar esas tablas anuales.
- Existen determinadas condiciones laborales, como algunos días de vacaciones, que la trabajadora ya venía disfrutando desde antes y que se han mantenido pese a que puedan coincidir con el convenio de empresa.
La empresa rechazó previamente la reclamación y mantuvo expresamente su criterio de aplicar su convenio propio al proceso de IT.
Se presentó papeleta de conciliación reclamando las diferencias. El acto de conciliación se ha celebrado recientemente y ha terminado sin avenencia, ya que la empresa no ha realizado ninguna oferta.
La duda es si veis jurídicamente defendible plantear una demanda solicitando:
- El reconocimiento de la aplicación del Convenio de Oficinas y Despachos de Málaga a la relación laboral en esta materia.
- El abono de las diferencias de IT ya generadas.
- La aplicación del régimen correspondiente mientras continúe la IT.
- Las cantidades que sigan generándose hasta la finalización de la situación de IT, en los términos procesalmente posibles.
- El interés por mora que, en su caso, corresponda.
También agradecería opiniones sobre si la pretensión debería plantearse como una mera reclamación de cantidad, como una cuestión de determinación del convenio aplicable con reclamación económica acumulada, o mediante otro planteamiento procesal.
He localizado, entre otras, la STS 1281/2025, de 18 de diciembre, y la STS 392/2026, de 16 de abril, que parecen relevantes respecto de la concurrencia entre convenio sectorial y convenio de empresa y la DT 6.ª del RDL 32/2021.
¿Cómo enfocaríais vosotros la demanda y qué puntos consideraríais más problemáticos o con mayor riesgo?
No busco una respuesta sobre si la trabajadora «tiene razón» en abstracto, sino opiniones técnicas sobre viabilidad, riesgos procesales, prescripción, alcance de la pretensión y forma de plantear la concurrencia de convenios.
Gracias de antemano.