FORMACIÓN BONIFICADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN

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MarLo

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No era yo muy consciente de esta problemática en la formación bonificada en materia de prevención. Copio artículo del Linkedin de LexaGo:


¿Es bonificable la formación en prevención de riesgos laborales? La evolución del criterio y los riesgos para las empresas​

1. Introducción

Las empresas recurren habitualmente al crédito de formación gestionado por FUNDAE para financiar acciones formativas dirigidas a sus trabajadores. Durante años, muchas empresas bonificaron la formación en materia de PRL, mientras otras dejaron de hacerlo tras la conocida sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de marzo de 2022, generándose un escenario de criterios dispares entre servicios de prevención ajenos (SPA), entidades organizadoras e incluso distintas Direcciones Provinciales del SEPE.

La cuestión cobra especial relevancia cuando es el propio Servicio de Prevención Ajeno quien propone gestionar estas bonificaciones e incluso asume contractualmente el eventual coste de una regularización futura.

Pero ¿es realmente bonificable toda la formación en PRL? ¿Qué criterio existe actualmente? ¿Qué riesgos asume la empresa en caso de una inspección?

2. El origen de la controversia: la sentencia de la audiencia nacional

La polémica nace con la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de marzo de 2022, que distingue claramente entre dos tipos de formación:
  • la formación profesional para el empleo regulada por la Ley 30/2015, destinada a mejorar las competencias y cualificaciones profesionales de las personas trabajadoras;
  • y la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales prevista en la Ley 31/1995 como una obligación empresarial.
Sobre esta base, la Audiencia Nacional concluyó que la formación obligatoria en PRL no encajaría dentro del sistema de formación bonificada, ya que constituye un coste preventivo que debe asumir directamente la empresa.
Este razonamiento llevó a numerosas empresas y servicios de prevención a abandonar la bonificación de este tipo de acciones formativas. Incluso algunas Direcciones Provinciales del SEPE comunicaron cambios de criterio orientados a no admitir la bonificación de la formación obligatoria en PRL.

3. La normativa no prohíbe expresamente la bonificación

Pese al impacto de aquella sentencia, lo cierto es que la normativa reguladora de la formación programada por las empresas nunca ha incluido una prohibición expresa respecto de la formación en prevención de riesgos laborales.

Ni la Ley 30/2015 ni el Real Decreto 694/2017 excluyen de forma específica la PRL como materia bonificable. Por ello, durante años convivieron dos interpretaciones:

  • una interpretación restrictiva, basada en la sentencia de la Audiencia Nacional, que entendía que toda formación obligatoria quedaba fuera del sistema de bonificaciones;
  • y otra interpretación más amplia, sostenida por distintos operadores y por la propia práctica administrativa de FUNDAE, que admitía su bonificación siempre que se cumplieran los requisitos exigidos para la formación programada.
4. El cambio de criterio de la dirección general de trabajo
La situación cambia con el Oficio DGT-SGON-066YMC, de 25 de febrero de 2026. Este criterio interpretativo aclara que el carácter obligatorio de una formación no determina por sí solo que deje de ser bonificable. Aunque dicho criterio carece de carácter normativo y no elimina totalmente el riesgo de una interpretación distinta por parte de la Inspección o de los tribunales.

La Dirección General de Trabajo entiende que la verdadera cuestión no es si la formación es obligatoria, sino si reúne los requisitos exigidos por el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

En otras palabras, la obligatoriedad de la formación no supone automáticamente su exclusión del sistema de bonificaciones. Lo determinante será analizar el contenido y la finalidad concreta de la acción formativa.

5. No toda la formación obligatoria en PRL es bonificable


El nuevo criterio distingue entre dos grandes categorías de formación.

a. Formación no bonificable:

No resulta bonificable aquella formación que constituye un coste preventivo inherente a la obligación empresarial, especialmente:

  • la formación específica prevista en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales;
  • la formación exclusivamente vinculada al puesto de trabajo;
  • aquella que carece de utilidad fuera de la empresa;
  • o la formación ya incluida dentro del servicio contratado con el Servicio de Prevención Ajeno.

Se trata de una formación cuyo objetivo es garantizar la seguridad en un puesto concreto y que no incrementa la cualificación profesional general del trabajador.

b. Formación potencialmente bonificable:

Por el contrario, sí puede resultar bonificable la formación preventiva que aporta competencias transferibles y mejora la empleabilidad de la persona trabajadora.

Entre otros ejemplos, podrían incluirse:


  • formación básica en PRL;
  • cursos de primeros auxilios;
  • formación de convenio del sector del metal o construcción;
  • CAP de transportistas;
  • formación de maquinaria;
  • manipulador de alimentos;
  • APPCC;
  • otras acciones formativas obligatorias de convenio que aporten una cualificación profesional más amplia.

En estos casos será imprescindible, además, cumplir todos los requisitos formales exigidos por la normativa de formación programada.

6. ¿Qué ocurre si la bonificación no era procedente?
Si una acción formativa se bonifica indebidamente, la primera consecuencia será la regularización económica:


  • devolución del importe bonificado;
  • abono de los intereses de demora correspondientes.


La clave consiste en determinar si la acción formativa constituye un auténtico instrumento de cualificación profesional y empleabilidad o, por el contrario, responde únicamente al cumplimiento de una obligación preventiva específica de la empresa.
En definitiva, antes de aplicar cualquier bonificación en materia de PRL resulta aconsejable analizar individualmente cada curso, documentar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos legales y valorar el riesgo jurídico asociado, especialmente cuando la gestión se encomienda a un Servicio de Prevención Ajeno.
 
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