Cambios en el RD de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Con las modificaciones operadas se fortalece el principio de transparencia retributiva,
reconociendo el derecho de las personas trabajadoras a conocer los criterios que se
utilizan para determinar las retribuciones y los niveles retributivos aplicables a cada
puesto de trabajo o categoría profesional. En las empresas de cincuenta o más personas
trabajadoras, estas tienen, además, derecho a recibir información sobre los criterios de
progresión retributiva.
De igual forma, se actualiza el principio de igual retribución por el mismo trabajo o por
un trabajo de igual valor, en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de
los Trabajadores.
Asimismo, se incorporan nuevos aspectos que deben incluirse tanto en el diagnóstico
de la situación retributiva como en el plan de actuación para la corrección de las
desigualdades retributivas que integran la auditoría retributiva.
También se refuerza el derecho de información de las personas trabajadoras en materia
retributiva, garantizando el derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre su
retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora
de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de
personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo,
determinados conforme al sistema de clasificación profesional. .
Se establece que toda información que obtenga la persona trabajadora distinta de la
relativa a su propia persona, no podrá ser utilizada con fines distintos del ejercicio de su
derecho a la igualdad retributiva.
Se garantiza en todo momento la accesibilidad a la información para las personas con
discapacidad, teniéndose en cuenta sus necesidades específicas.
Igualmente, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras se establece la
obligación de proporcionar información sobre la brecha retributiva de género.
Aquí se puede ver, con plazo de alegaciones hasta el 24/08
expinterweb.mites.gob.es
Con las modificaciones operadas se fortalece el principio de transparencia retributiva,
reconociendo el derecho de las personas trabajadoras a conocer los criterios que se
utilizan para determinar las retribuciones y los niveles retributivos aplicables a cada
puesto de trabajo o categoría profesional. En las empresas de cincuenta o más personas
trabajadoras, estas tienen, además, derecho a recibir información sobre los criterios de
progresión retributiva.
De igual forma, se actualiza el principio de igual retribución por el mismo trabajo o por
un trabajo de igual valor, en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de
los Trabajadores.
Asimismo, se incorporan nuevos aspectos que deben incluirse tanto en el diagnóstico
de la situación retributiva como en el plan de actuación para la corrección de las
desigualdades retributivas que integran la auditoría retributiva.
También se refuerza el derecho de información de las personas trabajadoras en materia
retributiva, garantizando el derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre su
retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora
de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de
personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo,
determinados conforme al sistema de clasificación profesional. .
Se establece que toda información que obtenga la persona trabajadora distinta de la
relativa a su propia persona, no podrá ser utilizada con fines distintos del ejercicio de su
derecho a la igualdad retributiva.
Se garantiza en todo momento la accesibilidad a la información para las personas con
discapacidad, teniéndose en cuenta sus necesidades específicas.
Igualmente, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras se establece la
obligación de proporcionar información sobre la brecha retributiva de género.
Aquí se puede ver, con plazo de alegaciones hasta el 24/08
Ministerio de Trabajo y Economía Social : Participación pública en proyectos normativos
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