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La Seguridad Social publica una nueva orden de cotización el Jueves Santo y la tiene que corregir en menos de una semana
En esta ocasión, más de 25.000 graduados sociales se vieron sorprendidos el Jueves Santo al encontrar en el Boletín Oficial del Estado una nueva orden que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. Esta orden, que reemplaza a la anterior publicada el 29 de enero, fue motivada por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) publicado el pasado 7 de febrero en el BOE, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.El incremento del 5% en el SMI no solo impacta en los salarios de los trabajadores, sino que también requiere ajustes en las bases de cotización y ha generado otros cambios, como el aumento del 5% en el recargo de la Seguridad Social para los contratos de menos de 30 días. Estos aspectos, que también deben revisarse con efecto retroactivo, son regulados por la nueva orden publicada la semana pasada, más de dos meses después de la actualización del salario mínimo.
Entre los graduados sociales, causó extrañeza el retraso en la tramitación. La orden de enero se publicó apenas 29 días después de que la prórroga de los Presupuestos de 2023 entrara en vigor, incluyendo también revisiones en las cotizaciones, mientras que la nueva orden tardó 53 días. Sin embargo, la sorpresa se convirtió en malestar al notar la fecha de publicación y descubrir que el texto incluía varias correcciones de errores en la orden anterior, lo que obligó a revisar más a fondo los expedientes de sus clientes.
La situación alcanzó su punto álgido cuando, el miércoles 3 de abril, se publicó la primera corrección de errores de la norma publicada seis días antes. Y no se trató de un error menor: afectó a las tablas que regulan las bases máximas y mínimas de cotización por contingencias comunes al Régimen General para cada grupo de categorías profesionales.
En la versión inicial, se incluyó una tabla única que establecía dichos topes en euros al mes para los 11 grupos. Sin embargo, al revisar las cantidades, se observó que, mientras los primeros siete grupos tenían cifras entre 1.847,4 y 1.823 euros para las bases mínimas, y de 4.720,50 euros para la máxima, los cuatro restantes iban desde 44,10 euros de base mínima a 157,35 euros para la base máxima.
¿Cómo fue posible esta discrepancia? La explicación es sencilla: las bases para el segundo bloque de grupos profesionales se calculan en euros por día, lo que requería una tabla aparte para evitar confusiones. La corrección, aparentemente simple, solucionó esta errata, pero resultó ser de gran importancia para los asesores de empresas. Aunque el error era evidente y los profesionales lo detectaron desde el principio, lo que cuenta es lo que aparece en el BOE. La corrección tardó seis días naturales y tres hábiles en publicarse, durante los cuales ediciones del Boletín bloquearon numerosos trámites.
Este incidente subraya el verdadero problema para estos asesores, que brindan servicios a miles de pymes y autónomos. A menudo, son considerados "colaboradores" de una administración electrónica que, según denuncian, no entiende conceptos como vacaciones, festivos o fines de semana, ni los principios básicos del derecho a la desconexión digital.
Todo esto ocurre en un momento en el que el colectivo evalúa cómo defender sus reivindicaciones tras la protesta del 14 de marzo, que llegó a amenazar con 'colapsar' los trámites telemáticos de la Agencia Tributaria, el SEPE y la propia Seguridad Social. Aunque finalmente no se produjeron problemas en el servicio ni incidentes significativos, los convocantes consideran que se logró visibilizar su situación.
Sin embargo, los acontecimientos recientes demuestran que el Gobierno no ha tomado nota. Resulta significativo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hoy dirigido por Elma Saiz, fuera dirigido hasta hace unos meses por José Luis Escrivá, actual ministro de Transición Digital y Función Pública y responsable directo de los problemas en la administración electrónica.
(El Economista, 04-04-2024)
