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Sanciones automáticas a través de algoritmos.
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El Ministerio de Trabajo amplía su cerco para evitar el fraude laboral, y prepara un real decreto para automatizar las sanciones a empresarios y autónomos, que incluirá un aumento de las sanciones hasta ahora aplicadas. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha elaborado un texto por el que intensifica la labor de la Inspección de Trabajo prescindiendo de sus funcionarios. Así, planea emplear el Big Data para diseñar un sistema de algoritmos que permita detectar infracciones e imponer las consiguientes multas.
El borrador, al que aún se pueden presentar alegaciones, plantea que el sistema informático pueda sancionar de oficio, "regular un nuevo procedimiento sancionador promovido por actuación administrativa automatizada, sin intervención de funcionario, al menos en el trámite de inicio, con la extensión de acta de infracción, permitiéndose así la constatación y correspondiente reproche jurídico de un elevado volumen de incumplimientos", señala el decreto, ahora en fase de consulta pública, que apunta a esta nueva ley "como un medio de agilizar y simplificar".
El ministerio de Yolanda Díaz defiende "la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración" para "el análisis masivo de datos", con el objetivo de detectar infracciones que perjudiquen tanto a los trabajadores como a la propia administración de la Seguridad Social. Mediante este procedimiento sancionador, el Gobierno extendería "actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión, y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados".
La idea del Ejecutivo es que el propio sistema sea capaz de imponer sanciones después de cruzar diversos datos, con el objetivo de detectar incumplimientos como el cobro indebido de prestaciones o fraude en los ERTEs. Así, el texto detalla que "existen incumplimientos de la legislación social que, por su elevado volumen, no pueden perseguirse de manera individualizada, siendo necesario acudir a técnicas de cruce de datos y de automatización de trámites administrativos para fiscalizar su cumplimiento. Es el caso, por ejemplo, de las altas a la Seguridad Social comunicadas fuera del plazo establecido", señala el Ministerio de Trabajo.
Otra de las patas sería la detección de incumplimiento del registro horario -obligatorio por ley- o la contratación de falsos autónomos; algo que estaría directamente relacionado con el auge de distintas plataformas digitales, nuevas fórmulas laborales que en muchos casos -como es el caso de los riders- han optado por hacer contratos por obra y servicio como autónomo en lugar de dar lugar a un contrato.
Así lo admitió la propia Yolanda Díaz hace casi un año, en febrero, cuando acudió a la Comisión de Trabajo para adelantar que trabajarían en este sentido. "Pongamos por una vez los algoritmos al servicio de los trabajadores", señaló la ministra. "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo".
El segundo objetivo de esta medida es devolver el carácter "disuasorio" de la inspección de trabajo aumentando las cuantías de las sanciones. Así, uno de los propósitos del real decreto es "actualizar las cuantías de las sanciones, garantizando así el carácter disuasorio". Así, apunta a que "la mayoría de las sanciones no han sido revisadas desde 2007, lo que genera una disminución de su capacidad disuasoria" y una caída del nivel recaudatorio de la Administración. Dos factores que Trabajo se plantea recuperar, aumentando hasta el 20% la cantidad de las fracciones.
Así, si hasta ahora el mínimo de las sanciones -en los casos más leves- oscilaba entre 60 y 125 euros, ahora pasarían de 70 a 145 euros. En el caso de las muy graves, la multa máxima era de 100.006 euros a 187.515 euros, algo que ahora se amplía casi un 20%, pasando a una horquilla de entre 119.906 y 224.830 euros.
